Las petroleras aguardan que el Gobierno comience a pagar una deuda que ya alcanza los $30.000 millones por la inyección de gas para cubrir la demanda residencial.
El Ministerio de Economía dejó de pagar en julio pasado la remuneración que le corresponde a los productores -con YPF a la cabeza-y además existen pasivos desde mediados de 2021, indicaron fuentes del sector a Noticias Argentinas. Algunas empresas estudian plantear que el gobierno las autorice a usar esas acreencias para abonar obligaciones impositivas con la AFIP.
La Secretaría de Energía adjudicó a mediados de diciembre los volúmenes de gas que deberá inyectar cada petrolera entre 2023 y 2028 bajo la nueva versión del Plan Gas, el esquema que utiliza desde hace casi una década el Estado para asegurar el suministro de gas para el mercado interno.
La iniciativa tuvo buena recepción en la industria: las empresas propusieron precios competitivos que estuvieron por debajo de lo que proyectaban algunos productores y analistas, según fuentes del sector.
El punto débil del esquema de contratación, sin embargo, sigue siendo la extensión de los plazos en que el Estado paga a los productores el monto mensual que les corresponde por la inyección del gas que reciben los hogares por intermediación de las distribuidoras.
El Ministerio de Economía cubre la diferencia entre el precio ofrecido por cada empresa en la licitación del Plan Gas y el valor del fluido que efectivamente traslada el Enargas a los cuadros tarifarios de los usuarios residenciales.
La regulación establece que la Secretaría de Energía debe cubrir un 75% en forma provisoria al mes siguiente en que las productoras inyectan el gas en la red troncal de gasoductos. Luego, el pago definitivo por el 25% restante debería concretarse a los 75 días.
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